dilluns, 6 de febrer de 2017

¿Es conveniente una ley que regule la Educación Social?

La propuesta del Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales (CGCEES) para promover una ley que regule la Educación Social es una iniciativa necesaria y adecuada, que llega en el momento oportuno.

La Educación Social, tal como la entendemos ahora, ha tenido un recorrido muy rápido y muy intenso en un periodo breve de tiempo. Este recorrido lo podemos organizar en tres grandes etapas.
 
La primera etapa podemos llamarla de introspección y abarcaría desde los años 70 hasta 1991, momento en que apareció el decreto que marcaba el inicio de la Diplomatura en la universidad.  

Se trata de una etapa en la que un grupo de personas que desarrollaban actividades educativas fuera de la escuela toman consciencia que las particularidades de su actividad pueden llevar a construir una profesión sólida y diferenciada. Se organizan las primeras asociaciones profesionales y el debate interno para construir la identidad es intenso y fructífero. En paralelo, en la universidad también se está construyendo un discurso alrededor de la pedagogía social y la confluencia de ambos permite finalmente la aparición de la diplomatura.

La segunda etapa, que podemos definir como de obertura, coincide con el inicio de la diplomatura en 1991 y simbólicamente podemos cerrarla alrededor del 2007. 


La diplomatura hace visible la Educación Social y la sitúa entre las distintas profesiones de carácter socioeducativo. La aparición de las sucesivas promociones de educadores y educadoras sociales normaliza la presencia de este profesional y públicamente se le empieza a reconocer. El colectivo profesional se organiza definitivamente mediante la creación de los primeros colegios profesionales (Barcelona 1996 y Galicia 2001) y se desarrollan los primeros congresos propios de la profesión que aportan reflexión y cuerpo conceptual. En paralelo, las elaboraciones teóricas que se desarrollan desde la universidad contribuyen a dar solidez a su discurso y hace que la presencia pública de la profesión se consolide.

Finalmente, la tercera etapa podemos definirla como de normalización, y va desde el 2008 a la actualidad.

La fecha elegida para establecer el cambio de etapa coincide con tres hechos relevantes. El primero, la creación del Consejo General de Colegios de Educadores/as Sociales, que aporta una estructura compartida, referente para los profesionales e interlocutor con las administraciones; el segundo, la presentación de los documentos profesionalizadores (definición de Educación Social, código deontológico y catálogo de funciones y competencias), que define los mínimos identitarios compartidos por todas las sensibilidades y tendencias de la profesión, aspecto fundamental para darse a conocer; el tercero, la aparición del decreto que convierte la Educación Social de diplomatura a grado, lo que la convierte en unos estudios de rango similar a todos los demás y permite normalizar la investigación en esta área, lo que facilita que la colaboración entre la universidad y los profesionales aumenta sensiblemente.

Si tenemos en cuenta esta evolución, es conveniente y razonable que en estos momentos se pida una ley que regule la Educación Social y que reconozca jurídicamente las características de una actividad que desde el punto de vista académico y profesional ya está consolidada. De la misma forma que está regulada la actividad profesional de un maestro/a, o está definido por ley quien puede trabajar en un hospital o en unos servicios sociales, es necesario enmarcar jurídicamente la Educación Social como actividad que responde a la promoción de unos derechos de la ciudadanía. Conviene una ley que incluya e incorpore todas las sensibilidades y situaciones particulares de la Educación Social. 

Esta ley puede ser un buen instrumento para hacer frente a los retos actuales de la Educación Social como profesión, pero también como espacio de estudio, formación e investigación en su voluntad de contribuir en la mejora de la vida social.


Dr. Jesús Vilar Martín
Director de publicaciones de la Facultad de Educación Social y Trabajo Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull

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