dimarts, 2 de maig de 2017

Prevención de maltrato y abuso infantil. Retos y corresponsabilidad

Se calcula que alrededor de un 20% de niños menores de 18 años han padecido algún tipo de maltrato o abuso sexual. Como educador, ¿crees que serías capaz de detectar esas situaciones y poder intervenir adecuadamente? ¿Hasta qué punto eres responsable de no haber detectado una determinada situación o de haber intervenido a tiempo? 

Las consecuencias psicológicas a corto y a largo plazo de los niños y adolescentes que han padecido maltrato y/o abuso pueden tener una repercusión significativa a lo largo de toda la vida y es por ello que urge que los profesionales de la acción social podamos actualizar nuestra formación en este ámbito para actuar conforme una responsabilidad ética más elevada.


La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) establece que los estados miembros tienen que adoptar todas las medidas necesarias para proteger al niño de todas las formas de violencia física y mental. 

En Cataluña, la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, regula las actuaciones que se tienen que llevar a cabo desde las administraciones sanitarias y educativas, entre otras, para garantizar la protección de los niños y adolescentes residentes en nuestro territorio.


De alguna manera, los malos tratos a la infancia son una constante histórica, que se ha dado en todas las culturas y sociedades y en cualquier nivel socioeconómico que en sus extremos podría desembocar en la muerte del menor. En las últimas décadas hemos presenciado afortunadamente como cada vez se toleran menos las diferentes conductas violentas que en otros momentos eran legitimadas por las propias instituciones y estados (por ejemplo la violencia de género o los castigos físicos hacia los niños/as). 


A pesar de llevar más de 25 años compartiendo el discurso de los derechos en relación a la infancia y adolescencia todavía son pocos los profesionales no especializados que conocen adecuadamente los protocolos que establecen los diferentes sistemas de protección a la infancia y a la adolescencia o que saben detectar, sin exagerar ni minimizar, los efectos del maltrato o abusos en infancia y adolescencia, especialmente en los sectores más vulnerables, donde las familias son sometidas a más situaciones de estrés y por tanto aumentan exponencialmente las probabilidades de que un entorno protector se convierta en un ambiente hostil y violento. 

Durante años los diferentes agentes educativos habían aceptado implícitamente que, si bien alguien debería intervenir sobre las situaciones de maltrato en los ámbitos familiares (Servicios Sociales, servicios sociales especializados en infancia, pediatras, jueces, médicos forenses...), los colectivos en riesgo ya eran atendidos por trabajadores y educadores sociales, psicólogos, integradores que contendrían la situación. La última ley de infancia catalana implica un giro hacia la corresponsabilidad de todos los actores educativos en los procesos de detección y notificación de maltrato. 



Los centros socioeducativos y de tiempo libre son uno de los espacios donde los niños y adolescentes desarrollan una parte importante de su actividad y su cotidiano. Por este motivo, los agentes educativos (monitores/se, educadores/se, integradores/se, maestros, profesores/se...) que trabajan directamente con niños y adolescentes de manera habitual son los principales observadores de la interacción continuada entre los iguales y con sus familias y por lo tanto tienen una posición privilegiada en cuanto a la detección y prevención de situaciones de maltrato infantil y adolescente.

En junio de 2016 la Administración Catalana firmó el  “Protocolo de actuación entre los Departamentos de Treball, Afers Socials i famílies i Ensenyament, de prevención, detección, notificación, derivación i coordinación de las situaciones de maltrato infantil y adolescente en el ámbito educativo”. En este nuevo documento se recogían los modos de actuación por parte de los equipos docentes y educativos de los centros escolares y se incide en la necesidad de iniciar espacios de formación para profesionales y talleres para niños y adolescentes que permitan prevenir las situaciones de maltrato y abuso. 


¿Qué ha pasado desde entonces?

En la actualidad, podríamos concluir que como profesionales de la educación o la acción social no nos podemos conformar con diseñar atractivas propuestas pedagógicas o reflexionar sobre nuestras intervenciones socioeducativas sin contemplar la necesidad de conocer y formarnos sobre una realidad tan universal y compleja como es la vulneración de los derechos más básicos de la infancia.

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Daniel Cañero
Psicólogo, psicoanalista y docente de la Fundació Pere Tarrés

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